-Perfiles de la desigualdad regional en España-

... La propuesta de reforma estatutaria en Cataluña constituye un ataque en toda regla a las instituciones de solidaridad...

-En la foto aparece Mmikel Buesa en la Presentación de Gaudeamus-

A partir de una de las investigaciones estadísticas de mayor interés entre las recientemente emprendidas por la Unión Europea -la Encuesta de condiciones de vida, que en España ha realizado el INE- pueden reconstruirse los perfiles de la desigualdad entre las regiones españolas, tanto desde una perspectiva económica como desde otra más bien sociológica. El resultado principal de esta indagación puede resumirse señalando que, mientras que la desigualdad económica es más bien abultada, los desniveles sociales son, por lo general, moderados. Desgranaré seguidamente, abusando sin duda de la paciencia de los lectores, algunos de los aspectos más interesantes de esta encuesta, contrastando el caso de Madrid -que es la región con mayor renta por habitante y que podemos tomar como paradigma de la España desarrollada- con el de Extremadura -que, por el contrario, obtiene el nivel más bajo de ingresos y representa el límite de la España en desarrollo-.

Comencemos por lo más simple: la economía. Los ingresos por persona son en Madrid un 60 por ciento mayores que en Extremadura y, por ello, no sorprende que en la primera de esas regiones sólo uno de cada diez habitantes sea pobre, mientras que en la segunda tal condición alcance al 37 por ciento de la población. La desigualdad económica entre ambas comunidades autónomas es evidente y se refleja en una gran diferencia en cuanto al alcance de la pobreza. Sin embargo, aunque a algunos les pueda parecer paradójico, la equidad distributiva interna de cada región es mayor en Extremadura -donde el 20 por ciento de los hogares más ricos obtienen una renta sólo 8,6 veces mayor que la que corresponde al 20 por ciento de los hogares más pobres- que en Madrid -donde ese mismo cociente adopta un valor igual a 9,3-. Los indicadores sociales, como he avanzado, no reflejan tanto desnivel entre las dos regiones. Para empezar, el equipamiento de los hogares es muy similar entre los madrileños y los extremeños: casi todos tienen teléfono, televisor y lavadora, y en torno a tres cuartas partes cuentan con un coche, aunque se apunta una diferencia apreciable en cuanto a la disponibilidad de ordenador. También en lo relativo a la sanidad los niveles son similares: dos tercios de los ciudadanos de ambas regiones se consideran con un buen estado de salud, y sólo un poco más de la décima parte lo califican de malo o muy malo. Además, uno de cada veinte se ve impedido para desarrollar una vida normal como consecuencia de alguna enfermedad. De la misma manera, sólo dos de cada cien de los adultos, con una pequeña diferencia a favor de los extremeños, no han podido ser atendidos por el sistema sanitario durante el último año por estar en una lista de espera. Pero se anota una cierta disparidad en cuanto al tratamiento dental, pues éste no ha sido accesible, por no poder costeárselo, para el 8,6 por ciento de los habitantes de Madrid y el 6 por ciento de los de Extremadura. Y también hay desproporción en el nivel educativo, pues, aunque la escolarización está generalizada en las dos regiones, en la madrileña la población adulta quede contar con unas condiciones de vida razonablemente aceptables en lo relativo a la vivienda, la salud y la educación sean similares para todos, con independencia de que se viva en una región rica o en una pobre. Esta situación señala que, en la sociedad española, las instituciones redistributivas han funcionado con mucha eficacia y que, en buena lógica, deben preservarse sin someterlas a cambios bruscos o a tensiones que las hagan inviables.

Tales instituciones son fundamentalmente de dos tipos: por una parte, las que operan en el plano personal, ofreciendo prestaciones económicas a los individuos que necesitan recursos por haber agotado su vida activa (pensiones), por carecer de trabajo (seguro de desempleo) o por otros motivos (maternidad, enfermedad u orfandad) y se financian con las cotizaciones sociales; y, por otra, las que se configuran como servicios públicos de acceso universal (sanidad y educación) y se financian con los impuestos y transferencias que el Estado pone a disposición de las comunidades autónomas. Pues bien, el acceso a las instituciones del primer tipo ha de ser necesariamente desigual, dado que operan en favor de las personas que cuentan con menos recursos, lo que en el plano geográfico ha de reflejarse en una utilización más frecuente dentro de las regiones más pobres. Y así ocurre efectivamente, pues mientras que un 64 por ciento de los extremeños son perceptores de prestaciones sociales, tal proporción alcanza a sólo un 44 por ciento de los madrileños. Pero, para que las segundas alcancen a toda la población por igual y se configuren como instrumentos de la equidad social, se necesita que la disponibilidad financiera de los gobiernos regionales sea más bien igualitaria. Y, de nuevo, eso es lo que se verifica en la España actual, pues en tanto que el de Madrid cuenta con unos 2.375 euros por cada habitante, el de Extremadura dispone de alrededor de 2.345.

Por tanto, se puede concluir de todo esto que, a partir del principio de solidaridad entre las regiones, España ha configurado unas instituciones que, sin ser perfectas, han logrado un resultado encomiable en el ámbito de la equidad social y otro no desdeñable en el de la equidad económica, haciendo así que las ideas de «garantizar la convivencia... conforme a un orden económico y social justo» y de «asegurar a todos una digna calidad de vida» sean algo más que la mera retórica propia del preámbulo de una Constitución. ¿Por qué, entonces, nos enfrentamos ahora a un cuestionamiento radical de estas instituciones? Las decisiones adoptadas en los acuerdos entre el presidente del Gobierno y el máximo dirigente de CiU con respecto a la reforma del Estatuto de Cataluña se orientan en ese sentido, pues, como ha enfatizado ese partido, «el nuevo modelo de financiación pone límites a la solidaridad» y hace que «Cataluña no contribuya más a financiar las infraestructuras de las regiones pobres». Tan es así, que de generalizarse ese modelo, como por otra parte es inevitable, la Comunidad de Madrid pasará a disponer de 2.563 euros por habitante en su presupuesto -lo que redundará en unos mejores servicios educativos, sanitarios y sociales-; pero Extremadura sólo tendrá 1.461 euros para cada uno de sus ciudadanos -con lo que, inevitablemente, tendrá que acabar cerrando escuelas y hospitales-.

Digámoslo de otra manera: la propuesta de reforma estatutaria en Cataluña constituye un ataque en toda regla a las instituciones de solidaridad y va a provocar, con toda seguridad, un aumento de las desigualdades regionales, rompiendo la equidad social. Que esta sea una propuesta aceptada por el PSOE no se comprende, pues ataca el núcleo esencial de la ideología socialdemócrata en favor de la vieja noción totalitaria de que es posible subordinar la economía a la política. Una noción que, como la historia del siglo XX nos enseña, cuando ha alcanzado a determinar las acciones del Gobierno, siempre ha provocado un freno al desarrollo económico y un empobrecimiento de las clases menos favorecidas, a la vez que una concentración de la riqueza en las manos de los que, por una u otra vía, se encuentran en los aledaños del poder.

MIKEL BUESA, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, publicado el día tres de marzo en el diario ABC.